En la entrada de hoy, vamos a dejar un poco de lado a la Mercedes para hablar de otras embarcaciones españolas que han tenido una importancia capital para el patrimonio cultural español. ¿Os suena de algo el nombre Juno y Galga? Seguramente no os suenen de nada, pero estos nombres están ligados a uno de los contenciosos jurídicos más importante a nivel internacional cuando de pecios hundidos estamos hablando. Y por ello, se convirtieron en el precedente legal del caso de la Mercedes, el caso en que se sustentaría la defensa posterior y que permitiría al Estado español disponer de un basamento legal bien definido y consistente para salir airoso de los tribunales .
Al igual que en la Mercedes, ambos navíos eran parte de diversos convoyes comerciales que comunicaban los territorios de Ultramar de la monarquía hispánica con la metrópoli.
La Galga era una fragata de combate de 50 cañones que en 1750 le fue encargado la escolta de un convoy de boque comerciales que se dirigía a Cádiz. Al poco de partir, una tormenta separó a la Galga y la hundió frente a las costas de Eastern Shore de Virginia, Estados Unidos. La tripulación consiguió salvarse, y como dato curioso, hay una leyenda que dice que los famosos ponis de Assateague de Virginia son descendientes de los caballos supervivientes de este naufragio.
La Juno partió de Veracruz en 1802, y tras varias paradas acabo hundiéndose frente a las costas de Virginia con más de 400 personas a pesar de los intentos de ayuda de barcos estadounidenses. Según algunos datos, La Juno partió con un cargamento de 700.000 pesos de plata, lo que en principio desató la nueva fiebre del oro de los cazatesoros. Sin embargo, los datos navales y comerciales españoles determinan que la carga que transportaba la Juno a su salida de Veracruz, fue cargada en otro barco en una de sus paradas en Puerto Rico.
Hasta aquí, nada nuevo bajo el sol que difiera de otros casos de barcos hundidos. Pero como en el caso de la Mercedes, todo cambio con la entrada en escena de una empresa cazatesoros, Sea Hunt.Inc.
Esta empresa, dirigida por el millonario Ben Benson, después de diferentes
Ben Benson
investigaciones, iniciadas en 1997, llegó al descubrimiento del pecio de la Juno frente a la costa norteamericana. Empujado sobre todo por la voluntad de encontrar el tesoro que supuestamente llevaba en sus bodegas la fragata y que se valoraba en más de 500 millones de dólares, Benson se dirigió al Estado de Virginia, del cual recibió la aprobación gracias a que se aseguraba al propio Estado un 25% del valor de lo extraído. Con esta autorización, el millonario emprendió las labores de extracción. El gobierno español, que no deseaba que se repitiese el caso flagrante del galeón Nuestra Señora de Atocha, se puso manos a la obra para evitar el expolio del pecio. Se alegó que los barcos de Estado, hubiese pasado el tiempo que fuese desde su hundimiento, eran propiedad del estado del pabellón que ondeaban en el momento del hundimiento, que es básicamente lo que la legislación determina como imprescriptibilidad de los buques de Estado. Ante este argumento, el millonario, con el respaldo del Estado de Virginia, y sustentándose en la Abandoned Shipwreck Act de 1987, lo que se traduciría en que España había perdido el derecho sobre los barcos por abandono. Una ley federal que además establecía que si los restos del barco hundido se encontraban a menos de 4,8 kilómetros de la costa, el derecho de propiedad de la nave pasaba automáticamente al del país, independientemente del pabellón que se emplease.
Con esta situación se llegó al contencioso en los tribunales estadounidenses sobre la propiedad del Juno y de la Galga. Los tribunales determinaron que para que se pudiese considerar como abandonado un barco hundido, debía existir una renuncia expresa por parte del propietario original, y por tanto, en el caso de la Juno, esto no sucedía. Sin embargo, en primera instancia, el tribunal estableció que esto no se daba con el barco la Galga. ¿Y por qué esta disparidad de criterios con dos barcos que a priori se encontraban en la misma situación?. Pues básicamente porque el tribunal llevo a cabo una interpretación histórica del hundimiento de los barcos. Por ella, el Estado habría renunciado a la propiedad de la Galga en función del Tratado de Paris de 1763 que acabó con la Guerra de los siete años.
Años más tarde, un Tribunal de Apelación estadounidense revocaría la sentencia sobre la Galga, en base a una mala interpretación del Tratado de Paris, lo que acabo por dejar claro que los pecios eran propiedad de España y que de ella dependían las iniciativas de excavación ellos.
Sin embargo, el pleito, obviamente, no acabo aquí. Poderoso caballero es don dinero, y por ello Benson, que había gastado millones de dólares en las excavaciones de la Juno, reclamaba a España una compensación monetaria en forma de indemnización (85 millones de dólares) por haber sacado a la luz los restos de la fragata. De vuelta en los Tribunales, estos fallaron a favor de España, con la lógica idea de que el dueño del buque tiene derecho a rechazar un salvamento, y al ser una excavación ilegal, España no la había autorizado. Así, el 21 de Julio de 2000, el Tribunal Supremo estadounidense ratificó todas las disposiciones legales anteriores, lo que suponía sentar un precedente importantísimo para la protección de todos aquellos barcos españoles que se habían hundido más allá de las aguas territoriales españolas.
La protección del patrimonio cultural subacuático español quedaba reforzada ante las actuaciones de estos nuevos piratas marino que actúan como cazatesoros. Porque recordemos que estos buques hundidos no solo son portadores de tesoros e historia o patrimonio, sino que en la mayoría de los casos, son tumbas colectivas en las que murieron centenares de españoles.
La importancia de este precedente esta más que clara si atendemos a los acontecimientos que años después se dará con la Mercedes, cuya defensa jurídica se basará en gran medida en las disposiciones a las que se llegó con el caso de la Juno y la Galga.
Ancla del Juno/La Galga
Con el fallo firme de los tribunales, Benson se vio obligado a parar inmediatamente las excavaciones y devolver todos los bienes que hubiese extraído de la Juno al gobierno que español. Hoy en día, en ARQUA se pueden contemplar algunos de los bienes extraídos de la Juno, así como también es posible la visita en el Museo Parque Nacional de Assateague (Virginia), lugar al que España cedió parte de los bienes como agradecimiento por la colaboración estadounidense en la resolución del caso.